Diario Faro de Oriente

El móvil de Freed Ayotzinapa revela asesinato, amputaciones y tortura

«Nunca los encontrarán, los convertimos en polvo y los tiramos al agua.»

Según las autoridades federales, se trataba de un mensaje a través de un teléfono celular que se refería a los 43 estudiantes que desaparecieron en Iguala, Guerrero, en 2014, y fue enviado por Gildardo «El Gil» López Astudillo, presunto jefe de plaza de la pandilla de Guerreros Unidos, a su superior, Sidronio «El Chino» Casarrubias Salgado, días después de la desaparición de los jóvenes.

El texto incriminatorio es congruente con la «verdad histórica» del gobierno anterior. En esa versión de los hechos, los 43 estudiantes de la Escuela de Maestros Rurales de Ayotzinapa fueron interceptados el 26 de septiembre de 2014 por la policía municipal y entregados a pandilleros, quienes los mataron, quemaron sus cuerpos en un basurero municipal y esparcieron sus cenizas en un río cercano.

El mensaje, una de varias pruebas contundentes descubiertas por las autoridades en el teléfono móvil de López Astudillo tras su detención en 2015, implica claramente al presunto gángster en la desaparición y presunta muerte de los estudiantes, que supuestamente fueron confundidos con miembros de una banda rival.

Sin embargo, un juez federal ordenó la liberación del principal sospechoso el 2 de septiembre, y dictaminó que gran parte de las pruebas presentadas contra López Astudillo por fiscales del gobierno anterior fueron obtenidas ilegalmente.

Un informe publicado el martes por el diario Milenio señala que las autoridades también encontraron fotos en el teléfono de López Astudillo que muestran a las víctimas tanto de tortura -incluidas las personas con heridas graves cuyos miembros habían sido amputados- como de asesinato.

Otras imágenes muestran armas, vehículos quemados y escenas de crímenes donde miembros de Guerreros Unidos se enfrentaron con pandilleros de organizaciones criminales como Los Rojos y La Familia Michoacana.

Entre otras pruebas incriminatorias encontradas en el teléfono estaban los mensajes que envió a un contacto identificado sólo como Tintán.

El 5 de octubre de 2014 – nueve días después del secuestro masivo – «El Gil» le pidió a Tintán que le enviara su número de teléfono personal. Este último respondió que no tenía uno.

Posteriormente, López Astudillo le envió a Tintán un extracto de un artículo periodístico que decía que las autoridades de Guerrero habían descubierto tumbas escondidas que creían contenían los restos de los estudiantes desaparecidos.

«¿Qué opinas de este pedo?», preguntó el supuesto gángster.

La evidencia -por muy condenatoria que sea- no pudo ser utilizada para mantener a López Astudillo en prisión, dictaminó un juez de Tamaulipas, porque ésta, u otra prueba, fue obtenida ilegalmente, muy probablemente a través del uso de la tortura.

Las Naciones Unidas dijeron en un informe de 2018 que 34 personas fueron torturadas en relación con la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes, mientras que un video que muestra la tortura de un sospechoso fue publicado en YouTube en junio.

El subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas dijo la semana pasada que la absolución y liberación de López Astudillo sentó «un precedente muy grave» que podría ser utilizado para liberar a más de 50 personas que se encuentran detenidas como resultado de su supuesta participación en la desaparición de los estudiantes.

Varios sospechosos de ser miembros de Guerreros Unidos, entre ellos el destinatario del mensaje de «los convertimos en polvo», Sidronio Casarrubias, así como Felipe Rodríguez Salgado y Erick Sandoval Rodríguez, ya han sido puestos en libertad tras ser absueltos de su participación en la desaparición de los estudiantes.

La «verdad histórica» presentada por el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto fue ampliamente cuestionada tanto en México como internacionalmente y las autoridades fueron fuertemente criticadas por su manejo del caso. Mucha gente sospecha que el ejército jugó un papel en la desaparición de los estudiantes y presuntas muertes.

Dos días después de su juramento como presidente, López Obrador firmó un decreto para crear una super comisión para llevar a cabo una nueva investigación sobre el caso de Ayotzinapa, pero hasta la fecha no se han dado a conocer públicamente nuevos hallazgos.

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